La crisis económica ha disparado el paro en la sociedad hasta unos niveles que no tienen precedentes (5.639.500 de desempleados; 24,44% de la población activa). En el transcurso del último año, el número de desempleados se ha incrementado en 729.400 y el gobierno admite como probable -según las previsiones sobre las que ha presentado la Ley de Presupuestos Generales del Estado- un aumento de 602.800 nuevos parados para el presente año. Todo parece indicar que superaremos en breve el umbral de los seis millones de parados. En la actualidad hay 1.728.400 hogares con todos sus miembros en paro, una verdadera tragedia social. Aunque, por comparación, le pueda ir mejor las cosas a la población ocupada, quien aún conserva su puesto de trabajo tampoco ha salido indemne de la recesión, particularmente ese 34% de la clase trabajadora que se encuentra sumida en la más sangrante precariedad laboral.
Como consecuencia de todo ello se han incrementado notablemente los niveles de pobreza. Casi once millones y medio de personas, el 25,5% de la población, están en una situación o riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país. La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que 580.000 hogares no reciben rentas del trabajo ni ninguna prestación por desempleo o transferencia de la Seguridad Social (el 3,3% del total de los hogares españoles, un porcentaje que se ha visto incrementado en un 34% desde que comenzó la crisis). Por grupos de edad, la infancia es la que está sufriendo en una proporción mayor los impactos de esta situación.
Esta degradación social apenas la puede amortiguar el sistema público de protección social por las limitaciones e insuficiencias que desde su origen lastran su evolución y que, en la actualidad, se muestran más evidentes tras los ajustes presupuestarios y la reforma constitucional relativa a la limitación del déficit. Recortes y reforma que, unidas a las del sistema de pensiones y a la del marco de relaciones laborales, han provocado un menoscabo sin precedentes de los derechos sociales de la ciudadanía.
Mientras, una minoría se está enriqueciendo con el sufrimiento ajeno. Nuestra sociedad se encuentra escindida. Tenemos una geografía social a dos velocidades. Al tiempo que se deterioran las condiciones sociales de la mayoría, el ingreso y la riqueza se están concentrando cada vez más en menos manos.
El aumento de la desigualdad
La brecha entre la renta de las clases altas y bajas se ha ensanchado paulatinamente en Occidente desde mediados de los ochenta. Datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican que el fenómeno ha sido casi generalizado. Hasta 2008, la fase de expansión económica sostenida en la burbuja financiero/ inmobiliaria permitió que la cuestión de la desigualdad pasara bastante inadvertida. A pesar de ello, entre 1995 y 2007 -la etapa previa a la crisis– la distribución de la renta mostró claramente una dinámica profundamente desigual. Con la crisis, nos adentramos en nuevo periodo marcado por dos etapas. En los primeros años de la misma, 2008-2009, los sistemas de protección social de los Estados funcionaron bastante bien, y no hubo un marcado incremento de la desigualdad. Pero el escenario ha cambiado en la segunda parte de la crisis, cuando han empezado a entrar en vigor los planes de ajuste.
El desempleo y el deterioro acumulado del poder adquisitivo de los asalariados, ha provocado que las rentas del trabajo pierdan peso en el reparto del valor del producto social en una medida que nos retrotrae a épocas muy lejanas. La información que proporciona la contabilidad nacional del cuarto trimestre de 2011, refleja que la participación de las rentas empresariales en el PIB de la economía española superó el pasado año a la remuneración conjunta de todos los asalariados, culminando un largo proceso de retroceso que se inició hace más de tres décadas.
El aumento de la desigualdad no se debe únicamente a que el capital se apropie de una porción mayor del producto social. Antes bien, el factor clave de la divergencia se explica por lo que está ocurriendo en el interior de las rentas del trabajo. Entre los propios trabajadores se está ensanchando el abismo entre los que más ganan (directivos o “trabajadores capitalistas”) y las retribuciones medias del resto de los empleados. Un directivo de EE UU ganaba 30 veces más que un empleado medio en 1979; hoy alcanza 110 veces. En España esta brecha salarial también se ha manifestado. En el caso español, para el conjunto de las empresas que forman parte del Ibex 35, el sueldo de los ejecutivos mejor pagados supera noventa veces la remuneración del empleado medio. Resulta sangrante que - dado el elevadísimo nivel de desempleo y la contención salarial a la que se ha sometido al asalariado medio- en los últimos cuatro años de crisis las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas y de los equipos de dirección hayan visto aumentar de este modo sus remuneraciones totales. Y lo que es peor, las remuneraciones estratosféricas de los directivos no tienen conexión con la evolución de los resultados de sus empresas ni tampoco con la remuneración que ofrecen a accionistas y propietarios.
Pero la alta dirección no sólo cobra más, sino que pagan menos impuestos. Otra de las causas del aumento de la desigualdad son las reformas regresivas que el neoliberalismo ha venido realizando continuadamente en el sistema tributario. La evolución del tipo impositivo medio que debe afrontar el 0,1% de los más ricos ha ido disminuyendo progresivamente desde la década de los sesenta en los EEUU, siendo –según Krugman- uno de los principales factores determinantes de la “gran divergencia” en la evolución de la renta de las diferentes clases sociales, rememorando los altísimos niveles de desigualdades de principios del siglo XX (lo que se denominó el período de la Gran Divergencia). En nuestro país, con unos tipos impositivos en el IRPF menores que en los países de nuestro entorno, la tendencia ha sido similar: una disminución progresiva del tipo aplicado a las rentas más elevadas.
En consecuencia, la combinación de la brecha salarial con un sistema fiscal cada vez más regresivo, ha propiciado unos niveles de desigualdad que no tienen precedentes recientes. El neoliberalismo ha resultado ser el camino más corto para lograr en el siglo XXI los peores resultados en materia de desigualdad de finales del siglo XIX.
Ahora bien, la desigualdad en el capitalismo es estructural y no se limita a la renta y a la riqueza. La desigualdad en nuestra sociedad es una desigualdad de recursos y poder, que no se agota en la subordinación de clase, sino que se refuerza con la desigualdad entre géneros, etnias, países, etc.
El colectivo Ioé acaba de realizar el breve informe «Crece la desigualdad en España» a partir de la última actualización de los datos del Barómetro social de España. En dicho informe se ofrecen datos para el periodo 1994-2010 de la evolución general de la distribución de la renta y la riqueza entre los hogares, el endeudamiento de las familias y el desigual reparto del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres.
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